La semana pasada, el grupo parlamentario popular presentó en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad, con texto alternativo, a la proposición de ley de privilegios y multas LGTBI de Podemos, cuya toma en consideración aprobó la cámara baja el 19 de septiembre.

Aunque elimina algunos de los aspectos más claramente anticonstitucionales de la ley podemita, como el establecimiento de un órgano administrativo controlado por el lobby LGTBI con capacidad para limitar derechos constitucionales, la propuesta del PP consagra lo fundamental: la imposición legislativa de la ideología de género y la consideración de sus impulsores como grupo social privilegiado.

Según Ignacio García-Juliá, presidente del Foro de la Familia, la ley alternativa del PP “es una norma descafeinada para intentar contentar a todos, cuando el problema es que se trata de medidas no necesarias, puesto que la defensa de la igualdad y la protección de la no discriminación por razón de sexo ya se encuentran recogidas en las legislaciones española y europea”.